La Cámara de Diputados de Bolivia aprobó en la madrugada de este domingo, con 86 votos favorables, el proyecto de Ley 161/2025-2026 de Regulación de los Estados de Excepción.

La norma, impulsada por el gobierno del presidente Rodrigo de Paz tras 37 días de bloqueos convocados por la Central Obrera Boliviana (COB), establece los procedimientos y límites para la declaratoria de estas medidas extraordinarias.

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El texto, que desarrolla el artículo 139 de la Constitución, define como causales el peligro para la seguridad del Estado, amenazas externas, conmoción interna y desastres naturales. Un aspecto central es la incorporación del concepto de “insuficiencia operativa sobreviniente”, que permite la participación de las Fuerzas Armadas cuando la capacidad de la Policía Boliviana resulte insuficiente para controlar situaciones que comprometan la estabilidad institucional, aunque mantiene a la Policía como responsable principal del orden público.

«Dada la situación por la que está pasando el país y dada que esta es una plenaria importante, hablo por todos los afectados del país, voy a solicitar un minuto de silencio para todos», dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Roberto Castro Salazar al comienzo de la sesión ordinaria número 125 de la cámara.

La ley estipula que la declaratoria se realizará mediante Decreto Supremo con una duración máxima de 90 días, prorrogable con autorización legislativa. Al finalizar, el Ejecutivo deberá rendir cuentas sobre el uso de las facultades otorgadas y autoriza arrestos temporales de hasta ocho horas por incumplimiento de disposiciones durante el estado de excepción.

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— teleSUR TV (@teleSURtv) June 7, 2026

Otro punto clave es la obligación del Estado de brindar patrocinio legal a efectivos policiales, militares y servidores públicos enfrentados a procesos judiciales por actuaciones en este contexto. Sin embargo, excluye explícitamente esta protección en casos de tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual.

Las autoridades podrán realizar arrestos temporales de hasta 8 horas por incumplimiento de las normativas durante el estado de excepción, para ser enfrentados después a las autoridades competentes.

Esta aprobación ocurre en un clima de alta tensión política, con denuncias cruzadas entre oficialismo y oposición sobre el alcance de las facultades estatales para restablecer la circulación y garantizar el abastecimiento en un país paralizado por las protestas que exigen la renuncia del mandatario. Con esta aprobación y el inicio del tratamiento en detalle, el proyecto podría guiar futuras declaraciones de estados de excepción, lo que llevaría a enfrentamientos más potentes contra los sectores sindicales y campesinos.

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